Clase de 6º de primaria de un colegio concertado presidida por un crucifijo.- JESÚS URIARTE "No está en los planes del Gobierno retirar los crucifijos de los colegios". Con estas palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, terminó una jornada de gran revuelo entre los partidos políticos, las asociaciones y plataformas de enseñanza, laicas y religiosas, y en la más alta jerarquía de la Iglesia católica. La petición del Congreso al Gobierno, a iniciativa de ERC con aceptación del PSOE, de que traslade una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre retirada de los símbolos religiosos de los colegios públicos encendió la mecha. El presidente del Gobierno, anoche, echó agua al fuego, consciente de que se había abierto un frente del todo imprevisto. Las decisiones en esta materia quedarán para la futura Ley de Libertad Religiosa. Queda aparcado así un debate que está recorriendo con especial virulencia los países de la Europa católica donde la cruz tiene más presencia pública: Italia, Polonia y España. Las medidas anunciadas para garantizar la laicidad se aplazan en un momento en que la justicia europea da la razón a quienes creen que no cabe el crucifijo en las aulas de la escuela pública. Aún más, algunos expertos creen que la cruz tampoco tendría que presidir las aulas de colegios concertados, lo que no hace más que agitar más la polémica. Todo empezó por la perseverancia de Soile Lautsi, una ciudadana italiana de origen finlandés contraria a que en el colegio público de sus hijos en Italia hubiera crucifijos. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dado la razón a esta mujer, que intentaba desde 2002 que el instituto público Vittorino da Feltre, de Abano Terme (Padua), donde estudiaban sus dos hijos, retirara los crucifijos. El tribunal ha dictaminado que la presencia de esos símbolos católicos en las aulas italianas constituye "una violación del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones" y "una violación de la libertad religiosa de los alumnos". Y la espita se abrió. Aunque el Gobierno italiano ha recurrido la sentencia de Estrasburgo y no está claro hasta qué punto vincula al resto de Estados europeos, ayer el Parlamento polaco votó por amplia mayoría la defensa de los crucifijos en las aulas, por miedo a que la decisión de la corte europea abra la puerta a la exigencia de retirarlos, informa Efe. Y en España llegó la resaca de la proposición aprobada en el Congreso de los Diputados para sacar los crucifijos de las aulas. El incendio se produjo desde el mismo momento que la Comisión de Educación aprobó esa proposición no de ley de ERC con la ayuda del BNG. A la representante de CiU Mercè Pigem se le transformó el gesto al leer que el texto aprobado aludía a "los centros escolares", sin especificar si eran públicos o concertados (privados sostenidos con fondos públicos, la inmensa mayoría, católicos). El portavoz del PSOE en la Comisión, Luis Tomás, aseguró que se trataba de centros "públicos", pero Pigem negaba con la cabeza. En la mañana de ayer los pasillos del Congreso eran un hervidero de comentarios y declaraciones en torno a la decisión que el día anterior, sin alharacas, había tomado la Comisión de Educación. Ahora bien, el autor de la proposición, Joan Tardà, de ERC, aprovechó la indefinición para proclamar que la norma afectaba a centros públicos y concertados. Y la duda es lo que hizo que el portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, considere que esta proposición supone un ataque en toda regla a la libertad religiosa y, sobre todo, a la autonomía de los centros. Los portavoces socialistas trataron de aparentar normalidad con el argumento de que se trataba de incorporar al ordenamiento jurídico español una sentencia que España debe cumplir por estar suscrita al Convenio de Derechos Humanos. Así lo hizo el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, y el portavoz de Libertades del PSOE, Álvaro Cuesta, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso. Muchas explicaciones se le pidieron al ponente socialista de esta proposición, Luis Tomás, que fue quien negoció línea a línea con Tardà. Pero ¿afecta la iniciativa a todos los centros? Sólo a los públicos, aseguraron los portavoces socialistas. A pesar de que la proposición no especifica a qué centros se refiere, los interlocutores gubernamentales consideran fuera de la realidad exigir lo mismo a los colegios concertados. Rodríguez Zapatero, aseguró que la retirada de crucifijos "no está en la agenda del Gobierno en este momento" y añadió que no lo estará hasta que la futura Ley de Libertad Religiosa contemple esa posibilidad. Y, si se hace, será "siempre buscando el consenso", añadió. En la misma línea, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró: "Estudiaremos esta sentencia, veremos también qué precedentes tiene la doctrina del propio tribunal, la valoraremos con la jurisprudencia de nuestros propios tribunales y, en su caso, si la tenemos que incorporar al proyecto de ley de libertad religiosa, buscaremos siempre el máximo consenso posible en torno a esta cuestión con todas las fuerzas políticas". También el titular de Educación, Ángel Gabilondo, se esforzó en mantener una línea apaciguadora y mostró su convencimiento de que la ley tendrá en cuenta el artículo 16 de la Constitución, que habla de "la aconfesionalidad del Estado", pero también de "tener en cuenta las creencias religiosas de la población española". Hasta ahora, la doctrina que había aplicado Educación es la de dejar que sean los consejos escolares de los centros los que decidan sobre los símbolos religiosos dentro de su recinto. No parece que el Gobierno tuviera conciencia exacta de lo que horas antes había aprobado el Grupo Socialista en la Comisión de Educación. El ministro de Educación, por ejemplo, interpretó que lo aprobado por el Congreso era una llamada a desarrollar "con celeridad" la Ley de Libertad Religiosa. Pero se haga cuando y como se haga, Caamaño añadió que el Gobierno va a examinar con todo detenimiento la sentencia de Estrasburgo "para ver qué grado de exigencia tiene para los Estados miembros". En todo caso, para él hay una diferencia clara entre los centros que cuentan con un ideario y los que no lo tienen, porque esas diferencias se producen también en sus regímenes jurídicos. No está de acuerdo el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza Antonio Embid Irujo, que no ve esas diferencias. Otra cosa, continúa, es que hagan falta dos sentencias para hablar de jurisprudencia. Aunque está seguro de que, por las similitudes que existen entre España e Italia, si llega un caso español similar a la corte de Estrasburgo, el resultado será el mismo. Y podría ocurrir, porque una sentencia de un tribunal vallisoletano obligó, tras la insistencia de un padre, Fernando Pastor, a retirar los crucifijos del colegio público Macías Picavea y la Junta de Castilla y León ha recurrido ante el tribunal superior autonómico. Pero el caso es que, sea como sea, "la proposición aprobada obliga políticamente al Gobierno a llevarlo a cabo", dice Dionisio Llamazares, catedrático emérito de la Universidad Complutense y director de la cátedra de Laicidad y Libertades Públicas de la Universidad Carlos III de Madrid. "Se trata de pura coherencia: si este es un país laico, no tiene ningún sentido que las actuaciones públicas estén presididas por símbolos religiosos". De hecho, cree que no deberían estar en ningún centro público, como juzgados u hospitales. En cuanto a la extensión de la medida a los concertados, Llamazares admite que en ese caso es "más discutible y, además, generaría una incomodidad que quizá la sociedad no esté en condiciones de superar sin traumas". El secretario general de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), Manuel Castro, dijo directamente que extender la medida a los centros confesionales "es legalmente inviable". En general, los católicos, como ya hicieron el Vaticano y el Gobierno italiano tras la sentencia de Estrasburgo, interpretan la medida, por un lado, como un ataque a la libertad religiosa y, por otro, reivindican los crucifijos, también como icono cultural de la identidad europea. Así, si se retiran de los colegios, se privará "a las familias y a los niños españoles en las escuelas del Estado de poder ver el signo más fundamental y característico de su fe, y de la fe que ha configurado su historia personal, la historia de sus familias y la historia de su pueblo", dijo ayer el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela. La lista de rechazos abarca también a la patronal de colegios privados CECE o la asociación católica de padres Concapa. En el otro lado, la asociación laica de padres Ceapa o el sindicato FETE-UGT aplaudieron la medida. No hay cifras sobre el número de crucifijos que quedan en las aulas públicas españolas. Sólo la asociación Europa Laica se atreve a aventurar "la estimación" de que uno de cada tres colegios e institutos exhibe crucifijos. El mayor volumen está en Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, las tres últimas de gobiernos socialistas. En efecto, los gobernantes socialistas ponen buen cuidado de no hacer gesto alguno contra las tradiciones religiosas, de las que, por otra parte, participan con ahínco. Quizá por eso cuando en la Comisión de Educación el portavoz del PP dio por supuesto que los socialistas acabarían prohibiendo cantar villancicos y "entrarán en las casas" para confiscar crucifijos, los diputados y diputadas del PSOE, algunos con risas, otros con cara de espanto, se echaron las manos a la cabeza, al grito de ¡qué barbaridad!